La olvidada y excluida niñez: sobre el SENAME y las políticas de infancia en Chile


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Los sistemas educacionales podemos definirlos, de manera simple, como aquel conjunto de acciones e instituciones que creamos como sociedad para entregarle a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para que puedan integrarse culturalmente a ese mundo que están comenzando a descubrir desde la realidad en la cual les tocó nacer.

Como educadoras de párvulos, luego de la propia familia, somos quienes estamos encargadas de iniciar ese largo proceso de aprendizaje a través de salas cuna o jardines infantiles. Sin embargo, entendemos que gran parte de la formación en la niñez no pasa por este tipo de instituciones, sino que pasa por las relaciones sociales que se van construyendo particularmente desde el espacio en el cual viven su cotidianidad: la casa, el barrio, su comunidad. Por ello es tan preocupante que en nuestro país se siga entendiendo el derecho a la educación simplemente como el acceso a establecimientos de enseñanza, sin considerar como parte esencial de tal derecho, las condiciones materiales en las cuales se forman la mayoría de las capacidades sociales y cognitivas del niño/a.

Es así como las educadoras en particular y las/los docentes en general, debemos hacernos cargo de suplir desde el aula necesidades afectivas y materiales de estos pequeños seres humanos, debido a la precariedad de las condiciones de vida y reproducción de la mayoría de las familias chilenas. En este sentido, es que nos indigna y preocupa profundamente el cómo el Estado de Chile aborda las políticas públicas de la niñez, en particular, de aquellos/as que por diferentes circunstancias, han caído en las hoy cuestionadas instituciones del Servicio Nacional de Menores.

 

Las clases sociales, la cárcel, la niñez y el SENAME

 

En octubre del presente año, el Observatorio de la Niñez y Adolescencia emitió el informe “Infancia Cuenta”. Una de sus conclusiones más crudas plantea que “uno de cada cuatro niños vive en pobreza multidimensional, es decir, sus familias tienen bajos ingresos y presentan dificultades en ámbitos de educación, salud, vivienda y de acceso a redes familiares y sociales. Asimismo, un 18,2% de los menores de edad vive en pobreza por ingresos y el 5,3% en situación de indigencia. Además, el 22,7% reside en hogares con alto nivel de hacinamiento”.

Lo crudo de esta noticia es que son estos niños y niñas las que son atendidas por el sistema judicial chileno y el SENAME, instituciones que hasta la fecha aún son incapaces de acercarse siquiera a los estándares mínimos que se requieren para dar cumplimiento efectivo a la Convención de Derechos del niñ@, ratificado en 1991 por el Estado de Chile.

En primer lugar, el sistema judicial, tanto en sus aristas penales como de familia, incumple gravemente procedimientos y derechos básicos de las niñas y niños que llegan a tribunales para resolver, básicamente, los problemas propios de la precariedad en la que viven. Desde la arista penal, más de 40.000 niños y niñas en Chile tienen a su padre y/o madre privados de libertad y 860 niños menores de dos años han vivido en centros penales en los últimos 5 años, según datos de ONG Enmarcha, realizada el primer semestre del año 2016”.

Más allá de la obvia anormalidad con que estos niños forman sus capacidades cognitivas y sociales, el sistema penal chileno, aún con la dictación de la Ley Penal Juvenil, es incapaz de procesar correctamente -conforme a la garantía constitucional de debido proceso en relación a los derechos del niño/a- los conflictos que llegan a su conocimiento. Por una parte, a pesar de las capacitaciones a los jueces que se desempeñan en el sistema, aún los niños y jóvenes que llegan a tribunales son tratados con la lógica penal de los adultos (otorgando soluciones totalmente inapropiadas para estos). Por otra, la ejecución de las penas queda a la buena voluntad de algún defensor que asuma voluntariamente este rol en la Defensoría Penal Pública, pues no existen “defensores de ejecución” que velen por la integridad en la ejecución de la pena o el acceso a beneficios durante la sanción. Por último, aquellos que son recluidos en el SENAME, no viven una realidad muy diferente a la que se vive en una cárcel de adultos: pandillas, consumo de drogas, maltratos, violaciones, prostitución e incluso casos de muertes (9 en los últimos 9 años).

En la arista familiar, concluyente es la investigación realizada por CIPER en mayo del presente año donde desmenuzan el total abandono a los principios del debido proceso de parte del Estado en los tribunales de familia. Ausencia de abogados, peritos sin título o falsa acreditación, sentencias sin audiencia, compromisos sin cumplir, declaraciones de niños frente a varios jueces, entre otras graves falencias. Lo más grave es que luego de un proceso lleno de violaciones al debido proceso, la conclusión general de los jueces es el envío del/la menor a SENAME para “su protección”.

En segundo lugar, la institución a cargo de la custodia y reintegro de estos menores a la sociedad, no cuenta con las condiciones mínimas para cumplir su labor como corresponde. Tal como lo declara el informe reservado que se filtró a la prensa en agosto de este año, son más de 33 los centros en los que fueron detectados graves problemas de gestión y vulneración de derechos, existiendo una cifra de 273 niños/as muertas en dependencias del SENAME, de los cuales 170 se produjeron en dependencias que no son directamente del Estado y, en las cuales, la fiscalización es muy precaria. Esta situación es horrorosa considerando que Chile tiene una de las tasas más altas de internación en Latinoamérica: anualmente Sename atiende a 15 mil niños en más de 300 centros de los cuales menos del 10% son de administración directa de la institución.

Es obvio que empeora la situación en vez de mejorarla si el aumento de la tasas de suicidios en la institución ha aumentado un 91% desde que se inician las fiscalizaciones al respecto en el año 2007, según el informe de Contraloría General de la República emitido este año.

 

Las políticas de infancia y el Pacto de la Transición en Chile

 

Con bombos y platillos se anunció el año 2015 el Sistema Nacional de Protección a la Infancia y a la fecha sigue sin otorgar soluciones concretas a la cruda realidad antes descrita. Por alguna razón, en más de 26 años de retorno a la democracia, este tipo de problemas siguen empeorando en vez de mejorar pero, al mismo tiempo, son el discurso central en la boca de políticos al momento de campañas electorales o casos recientes como el de la muerte de Lisette en un centro del SENAME o las redes de prostitución infantil descubiertas recientemente.

El lamentable sesgo de clase que vive la niñez popular en Chile radica en el simple hecho de que quienes trabajan día a día el Congreso Nacional, La Moneda, la televisión, las grandes empresas e incluso quienes leen columnas de este tipo, son totalmente ajenos a esta realidad ¿Acaso usted tiene en su círculo de amigos o conocidos cercanos casos de violación en centros del SENAME? ¿De maltrato? ¿Niños que han sido juzgados como adultos en el sistema penal chileno? ¿Que no hayan tenido defensa jurídica alguna en los juicios en tribunales de familia donde se decide su destino? ¿Que hayan sido maltratados por funcionarios del Estado a sus 13 años de edad por intentar escaparse a jugar con amigos? ¿Que se les haya muerto un hijo/a en uno de sus centros?

El pacto político que ha sostenido el modelo de desarrollo social y económico en Chile sigue obviando todas aquellas materias que no son consideradas como productivamente relevantes. Es cosa de ver el gasto público en la materia, la urgencia de las discusiones, la cantidad de responsabilidad que asume el Estado para el cuidado directo de los menores (¡sólo el 10% del SENAME es estatal!) y la cantidad de proyectos consensuados para resolver estas problemáticas (cercanos a 0). La clave para la transformación radical de la situación de estos excluidos en el Chile actual no está en la creación de grandes propuestas técnicas o en la buena voluntad de funcionarios públicos, éstas ya existen de sobra[6].

La solución es profundamente política y pasa por superar la economicista visión de la sociedad que políticamente se ha instaurado en el Congreso Nacional y en La Moneda en los últimos 26 años, las que entienden los problemas de la niñez como problemas secundarios a cargo de personas de buena voluntad que entregan su vida para que esos menores no acaben suicidándose. Superar este paradigma por uno enfocado realmente en los derechos del niño/a, pasa por ganar políticamente esta visión.

Como educadoras de párvulos no podemos quedarnos al margen de este problema, no sólo porque también existen en nuestras instituciones “niños/as SENAME”, sino porque es nuestro deber ético hacer que el amor y el juego sean los principios formadores de la niñez en Chile, no la violencia y la degradación.

 

FUENTES:

[1] En http://www.latercera.com/noticia/radiografia-la-infancia-chile-revela-uno-cuatro-ninos-vive-pobreza/

[2]http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2016/10/25/los-ninos-invisibles-carcel-pobreza-y-exclusion-en-chile/

[3]http://ciperchile.cl/2016/05/19/hogares-de-menores-acta-del-poder-judicial-revela-la-incompetencia-del-sename/

[4]http://www.latercera.com/noticia/el-informe-reservado-del-sename-en-que-se-detallan-causas-de-muertes-en-centros/

[5] http://voces.latercera.com/2016/04/19/vinka-jackson/sename-fracaso-colectivo-del-cuidado/

[6] Revisar las propuestas de la Organización Mundial de Salud “Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030)” en http://www.who.int/topics/child_health/es/